El caso Swing y la propagación de audios no justifican el intento desde el Congreso de recortar el mandato presidencial en plena crisis sanitaria y económica.
No existe peor momento para la interrupción del mandato presidencial que el actual. La pandemia ha acabado con la vida de más de 30,000 peruanos; el resto lidia con las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la crisis. El congreso, al admitir una moción de vacancia con el respaldo de 65 legisladores, arrastra al país, por tercera vez en menos de tres años, a un innecesario episodio de inestabilidad e incertidumbre.
Hoy parece lejana la posibilidad de que los promotores de la vacancia logren los 87 votos para declarar la incapacidad moral permanente del presidente Martin Vizcarra. Pero, de materializarse semejante escenario el próximo viernes 18, el país podría quedar a merced de agrupaciones políticas que no ofrecen garantías de gobernar con prudencia y dentro de la legalidad.
De consumarse la vacancia, seria Manuel Merino de Lama, actual presidente del congreso, quien asumiría el liderazgo del país, conforme establece la Constitución. Probablemente sea respaldado por una colisión legislativa de corte populista. Varias bancadas, al promover sus iniciativas en plena pandemia, no respetaron el equilibrio presupuestal, generaron iniciativas de gasto público, aumentaron los riesgos de demandas arbitrales para el Estado y vulneraron los principios constitucionales.
¿Esa coalición gestionara responsablemente la caída de los ingresos tributarios y el aumento de la deuda pública? Creemos que no. A todas luces, la vacancia no es conveniente.
El presidente debe terminar su mandato en el 2021. Pero la continuidad del mandato (SE 1598), que es fundamental para la estabilidad económica en un régimen presidencialista, no implica una defensa férrea de Vizcarra, quien debe ser investigado y, de ser el caso, sancionado.
¿Tiene el presidente una incapacidad moral permanente para gobernar? cuando el congreso intento vacar en diciembre de 2017 y marzo de 2018 al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por mentir sobre sus vinculados con Odebrechet. Sostuvimos que no (SE 1599, 1610). El presidente Vizcarra, al no ser claro ante la opinión publica sobre su relación con el cantante Richard Cisneros, quien logro contratos irregulares con el Ministro de Cultura, ha cometido una falta que mella su credibilidad. Pero ello no es suficiente para declararlo incapaz moral.
El concepto de “incapacidad moral permanente” es altamente discrecional y abre la puerta vacancias meramente políticas, sin contenido jurídico. Este causal de vacancia debería ser eliminada, tal como propuso la Comisión de la reforma política, pues permite al Congreso recortar mandatos según los ánimos políticos del momento.
La moción de vacancia argumenta que Vizcarra mintió al país e intento obstruir las investigaciones fiscales y del Congreso. Sus omisiones deben ser juzgadas por los ciudadanos y por el Misterio Publico y el Poder Judicial, las instituciones más idóneas para valorar la conducta de los involucrados y la validez de los audios.
Iniciado el procedimiento de la vacancia, el Congreso debe respetar el debido proceso. No solo por el derecho que la asiste al presidente, sino porque una decisión trascendental requiere un análisis ponderado de sus consecuencias para un país asolado por el Covid-19 y golpeado por la recesión económica.
Fuente: Semana Económica
