1. Contexto y origen de la Ley Chlimper 2.0
En junio de 2025, el Congreso de la República del Perú aprobó en primera votación (35 a favor, 35 en contra y 15 abstenciones) la llamada Ley Chlimper 2.0, bautizada así por sus críticos en referencia al exministro José Chlimper, prominente figura del sector agroexportador.
El proyecto agrupa varias iniciativas legislativas (PL 2421, 3785, 3954, 5861, 7149 y 8924), con el objetivo principal de otorgar beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras.
Tras la primera aprobación, se estableció que esperaría siete días calendario antes de su segunda votación. El impulso ha sido liderado por bancadas afines a la agroindustria, fundamentalmente del norte del país.
2. Beneficios tributarios propuestos
a) Reducción del Impuesto a la Renta
Se propone que las agroexportadoras paguen IR a 15% en lugar del 29,5% vigente, durante un periodo de 10 años (2026–2035).
b) Depreciación acelerada y créditos por reinversión
Se habilitan mecanismos que permiten recuperar anticipadamente el IGV e invertir en depreciación rápida de activos productivos.
c) Exoneraciones fiscales sin límite temporal
Se elimina el límite de tenencia de beneficios (antes máximo 10 años), haciendo que el régimen pueda aplicarse de forma permanente.
d) Focalización en grandes empresas
Menos de 20 agroexportadoras —como Camposol, Danper, Beta, Agrovisión, Cerro Prieto y otras— concentrarían estos beneficios, según un estudio técnico del MEF.
3. Impacto fiscal
El MEF estima que el costo fiscal anual llegará a S/1.850–1.880 millones, alcanzando aproximadamente S/20,000 millones en una década (2025–2035).
Estas cifras suponen un fuerte impacto sobre el gasto público, en un contexto de limitaciones presupuestarias.
4. Críticas y oposición
a) Selección de los beneficiarios
Los opositores, incluidos la CGTP, Conveagro y FENTAGRO, han denunciado que la ley favorece a un puñado de grandes empresas exportadoras, mientras excluye a la agricultura familiar, que representa el 97 % del agro nacional.
b) Justificación técnica y desigualdad
El estudio del MEF critica que no existen justificaciones técnicas para prolongar permanentemente una exoneración tributaria, lo que genera distorsiones frente al sistema general.
c) Debilitamiento de SUNAFIL
El especialista Eduardo Zegarra advierte que la norma también afecta la capacidad fiscalizadora de SUNAFIL sobre las condiciones laborales en agroindustrias, profundizando la precariedad laboral.
d) Trámite cuestionado
Se denuncia que la ley avanzó al Pleno sin análisis por la Comisión de Economía ni consulta a entidades técnicas como MEF, SUNAT o especialistas, promovida “al caballazo” por fuerzas políticas proponentes.
5. Reacciones sectoriales
a) Gremios empresariales
La ADEX mostró respaldo; su comité de Agroindustria afirmó que la ley “dará un segundo impulso a la actividad exportadora descentralizada”.
b) Sindicatos y organizaciones rurales
FENTAGRO y CGTP advierten que la ley perjudica al grueso de los trabajadores rurales, reforzando precariedad, jornadas laborales extensas y bajos aportes a Essalud (4 % frente al 9 %) .
c) Resultados anteriores de la Ley 31110
La ley precedente niveló cargas sociales y se observó que entre 2020–2023 generó más de 42.000 empleos formales, S/79 millones adicionales de IR y S/115 millones más a EsSalud, sin afectar utilidades (+74 %).
6. ¿Por qué se llama Ley Chlimper?
El nombre alude a José Chlimper —empresario agroexportador y político— quien fue símbolo de impulsos previos a la agroindustria a través de beneficios tributarios. El nuevo proyecto se percibe como una reedición diseñada para favorecer a su sector.
7. Debate sobre agricultura familiar
La agricultura familiar representa:
97 % de las unidades productivas
4 millones de trabajadores
Proveedores del 80 % de alimentos para el mercado interno.
Desigualdad visible
Mientras grandes agroexportadoras reciben beneficios selectivos, los pequeños agricultores siguen sin financiamiento y sin políticas efectivas.
8. Análisis político y social
a) Financiamiento y lobbies
La congresista Sigrid Bazán y el MEF han denunciado presiones de intereses empresariales y vínculos con partidos políticos favorecidos por financiamiento del sector agroexportador.
b) Cambio ideológico
Incluso partidos como Perú Libre, originalmente defensores del agro familiar, votaron a favor, generando discrepancias internas y acusaciones de deslealtad a su agenda original.
9. Impactos esperados
a) Para el erario público
Un déficit sostenido que compromete la inversión pública en salud, educación e infraestructura, especialmente en zonas rurales.
b) Para las grandes agroexportadoras
Mejora de márgenes, capacidad de reinversión, competitividad internacional y sus efectos sobre el mercado laboral en zonas rurales.
c) Para la informalidad y precarización
Podría agravar el empleo precario y reducir la fiscalización laboral, al concentrar inversión en el sector formal de gran escala.
d) Para la agricultura familiar
Reducirá aún más su capacidad de competir ante grandes actores, profundizando brechas productivas y sociales.
10. Cronología futura
Segunda votación en Pleno (prevista dentro de 7 días tras la primera).
Remisión al Ejecutivo, para promulgación o promulgación con observaciones.
Posible debate público en caso de observaciones o veto parcial.
Vigencia: se espera aplicable desde el ejercicio 2026 hasta 2035, con posibilidad de extensión indefinida.
11. Comparativas internacionales
Los regímenes especiales por inflación a sectores estratégicos (vino en Chile, agro en Brasil) suelen incluir límites temporales, contraprestaciones sociales o ambientales, y evaluación técnica periódica. La Ley Chlimper 2.0, en cambio, carece de dichos controles, lo que aumenta su criticidad.
12. Conclusiones
La Ley Chlimper 2.0 representa un paquete tributario parcial que favorece a un mínimo de grandes agroexportadoras, con un alto costo fiscal (S/1.850 – 1.880 millones/año) y riesgos sociales evidentes:
Potencial debilitamiento del agro familiar
Mayor desigualdad en el sector agro
Impactos fiscales negativos en salud, educación y desarrollo rural.
Además, su tramitación ha sido cuestionada por falta de análisis técnico, ausencia de debate especializado y posibles motivaciones políticas y comerciales.
13. Síntesis final
La Ley Chlimper 2.0, al proponer la reducción del IR al 15 % para grandes agroexportadoras por 10 años (posible indefinida), créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación de IGV, implica:
Un fuerte costo fiscal (S/1.850 – 1.880 millones/año).
Un restringido grupo beneficiario de menos de 20 grandes empresas.
Riesgos sociales y laborales por precarización, exclusión de la agricultura familiar y debilitamiento de la fiscalización laboral.
Cuestionamientos políticos y técnicos por el proceso expedito y falta de análisis.
La elaboración de una ley tan específica y costosa impone la obligación de fortalecer mecanismos de transparencia, control, enfoque social y evaluaciones constantes. Solo así podrá equilibrarse un sector clave para la economía —las exportaciones agrarias— con los derechos sociales, equidad y sostenibilidad del país.
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