Introducción
El Congreso de la República del Perú ha presentado una nueva iniciativa legislativa que ha generado un intenso debate en los círculos económicos, tributarios y empresariales del país. Se trata del Proyecto de Ley N.º 11228/2024-CR, presentado el 19 de mayo de 2025, que propone una reducción temporal y gradual de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) con el objetivo declarado de impulsar la inversión privada y reactivar la economía nacional. Este proyecto establece una tasa especial del IGV de 15% desde el año 2026, que se incrementaría gradualmente hasta volver al 18% en el año 2028.
La medida ha suscitado distintas opiniones, tanto a favor como en contra, desde diversos sectores. Algunos la ven como una acción audaz y necesaria para dinamizar el mercado interno, mientras que otros advierten de sus potenciales efectos adversos en la recaudación tributaria y la sostenibilidad fiscal del Estado. A continuación, realizaremos un análisis integral del contenido del proyecto, su contexto, fundamentos, ventajas, riesgos, y las implicancias que tendría su eventual implementación en la economía peruana.
El IGV en el Perú: Fundamentos y estructura actual
¿Qué es el IGV?
El Impuesto General a las Ventas (IGV) es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en el país. Fue creado mediante el Decreto Legislativo N.º 775 y es uno de los pilares fundamentales del sistema tributario peruano. A través del IGV, el Estado capta una parte del valor añadido en cada etapa de la cadena productiva y comercial.
La estructura del IGV se basa en una tasa general del 16%, a la cual se le suma un 2% correspondiente al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), lo que da una tasa efectiva del 18%. Este impuesto se aplica sobre las siguientes operaciones:
La venta de bienes muebles en el país.
La prestación o utilización de servicios en territorio nacional.
Los contratos de construcción.
La primera venta de inmuebles realizada por el constructor.
La importación de bienes.
Este impuesto es recaudado por la SUNAT y representa, aproximadamente, entre el 35% y 40% de los ingresos tributarios del Estado peruano, siendo así un componente central del financiamiento público.
Detalles del Proyecto de Ley N.º 11228/2024-CR
El proyecto plantea establecer una tasa especial y temporal del IGV para personas naturales y empresas de todos los sectores productivos, con la finalidad explícita de promover la inversión y dinamizar la economía. Los puntos principales de la iniciativa son los siguientes:
Reducción gradual del IGV
Año fiscal 2026: Tasa del 15%
Año fiscal 2027: Tasa del 16%
Año fiscal 2028: Tasa del 17%
A partir del año 2029, retornaría a la tasa general del 18%
Compensación fiscal
Para contrarrestar el impacto que tendría la reducción del IGV sobre la recaudación del Estado, el proyecto propone un aumento temporal del 1% en la tasa del Impuesto a la Renta (IR) desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030. De esta forma, se busca mantener un equilibrio en los ingresos fiscales sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria.
Exclusiones
La norma no será aplicable a grupos económicos que, en conjunto, no cumplan con ciertos criterios de acogimiento. Asimismo, quedarán excluidas las empresas con vinculación económica con otros grupos nacionales o extranjeros, buscando que el beneficio no sea capturado por grandes conglomerados que no lo necesitan.
Fundamentos económicos del proyecto
¿Por qué reducir el IGV?
Desde la teoría económica clásica y keynesiana, se ha sostenido que la reducción de impuestos puede estimular la demanda agregada, al dejar más ingresos disponibles en manos de los consumidores y de las empresas. En un contexto en el cual la economía peruana aún enfrenta retos de reactivación postpandemia, conflictos sociales y bajo nivel de inversión privada, una medida como esta podría tener un efecto multiplicador importante.
Reducir el IGV abarata el consumo, especialmente de bienes de uso cotidiano, lo cual podría dinamizar el mercado interno. A su vez, las empresas podrían encontrar más margen para operar en un contexto de menor carga impositiva, lo que favorecería la generación de empleo formal y nuevas inversiones.
Implicancias fiscales: ¿Cuánto se dejaría de recaudar?
Según estimaciones preliminares de expertos tributarios y del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una reducción del IGV del 18% al 15% representaría una merma de entre 12 mil y 15 mil millones de soles anuales en recaudación. Esta cifra es significativa, dado que el IGV representa casi el 40% de los ingresos tributarios del país.
La propuesta de compensar esta pérdida con un aumento temporal del Impuesto a la Renta podría no ser suficiente, ya que:
El IR afecta principalmente a empresas y personas naturales con mayores ingresos, por lo que su base es más estrecha.
La recaudación del IR puede verse afectada por la evasión y la elusión, especialmente en el sector informal.
La presión tributaria total podría trasladarse de forma regresiva hacia otros sectores.
¿Quiénes se beneficiarían con esta medida?
Beneficios para consumidores
Una menor tasa del IGV se traduce, en teoría, en una reducción en los precios finales de bienes y servicios, beneficiando a los consumidores. Esto es especialmente relevante para familias de ingresos medios y bajos, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo.
Beneficios para pequeñas y medianas empresas (pymes)
El proyecto podría aliviar la carga tributaria de las pymes, que representan más del 90% del tejido empresarial del país. Con menos presión impositiva, estas empresas podrían destinar más recursos a invertir, contratar personal y mejorar su competitividad.
Incentivo a la formalización
Una menor carga tributaria puede ser un incentivo indirecto para que negocios informales se formalicen, ya que los costos relativos de cumplir con las obligaciones tributarias serían más bajos.
Críticas y riesgos de la medida
Posible efecto regresivo
Aunque a primera vista parece una medida favorable para los consumidores, una reducción del IGV puede tener efectos regresivos si se traduce en menores recursos para programas sociales, salud, educación y servicios básicos, que son financiados principalmente con recursos del Tesoro Público.
Impacto en el déficit fiscal
La medida puede incrementar el déficit fiscal si no se logra compensar adecuadamente la pérdida de ingresos. Esto, a su vez, puede afectar la calificación crediticia del país, elevar el costo de financiamiento externo y generar presiones inflacionarias.
Dudas sobre el traslado del beneficio al consumidor
En la práctica, no hay garantía de que las empresas trasladen íntegramente la reducción del IGV a los precios finales. Algunas podrían mantener los precios y apropiarse del margen adicional como ganancia, especialmente en mercados con poca competencia.
Complejidad administrativa
El proyecto propone aplicar tasas distintas durante tres años consecutivos (15%, 16%, 17%), lo que podría generar complejidades administrativas para empresas, contadores, y la propia SUNAT, en términos de liquidación, declaración y fiscalización.
Comparación internacional: ¿Es el IGV peruano alto?
A nivel regional, la tasa del IGV en Perú (18%) es similar a la de otros países de América Latina. Por ejemplo:
Chile: 19%
Argentina: 21%
Brasil: tasas variables entre 17% y 20% según el estado
Colombia: 19%
México: 16%
Esto sugiere que el Perú no tiene una tasa desproporcionadamente alta, pero sí enfrenta un problema estructural de baja presión tributaria, en torno al 14% del PBI, muy por debajo del promedio latinoamericano (21%) y de la OCDE (34%).
Reducir el IGV sin atacar este problema estructural podría agravar la brecha fiscal, salvo que se acompañe de una reforma tributaria integral.
Medidas complementarias necesarias
Para que una política de reducción del IGV tenga éxito, se requeriría implementar medidas complementarias, tales como:
Ampliación de la base tributaria: Formalizar sectores informales y ampliar la base de contribuyentes.
Lucha contra la evasión: Fortalecer la fiscalización y el uso de tecnologías para detectar evasión del IGV e IR.
Focalización del gasto público: Mejorar la calidad del gasto para que el menor ingreso tributario no afecte los servicios esenciales.
Simplificación administrativa: Facilitar el cumplimiento tributario para pymes y nuevos contribuyentes.
Conclusión
La propuesta del Congreso de reducir la tasa del IGV de forma temporal y gradual constituye una medida audaz que busca reactivar la economía peruana mediante el estímulo al consumo y la inversión. Sin embargo, la implementación de esta política no está exenta de riesgos, especialmente en un país con baja presión tributaria, alta informalidad y necesidad de financiamiento público sostenible.
El éxito o fracaso de esta medida dependerá, en gran medida, de su diseño técnico, de las medidas compensatorias que se adopten, y de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer los servicios esenciales para la población.
Más allá del corto plazo, lo que el Perú necesita es una reforma tributaria integral, progresiva y moderna, que no solo mejore la recaudación, sino que también promueva la equidad, la formalización y el desarrollo sostenible.
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