Introducción
La minería ilegal representa uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta el Perú en la actualidad. No solo causa daños irreparables al medio ambiente, sino que además está vinculada a economías criminales, corrupción, trata de personas y evasión tributaria. Según estimaciones del Ministerio del Ambiente, más de 100 mil hectáreas de bosques amazónicos han sido destruidas por actividades mineras ilegales, afectando gravemente la biodiversidad y poniendo en riesgo las fuentes de agua de comunidades enteras.
Ante este panorama, el Estado peruano ha reforzado su marco legal para combatir esta actividad ilícita, siendo la reciente promulgación de la Ley N.º 32412 uno de los avances más significativos en esta lucha. Esta normativa modifica el Decreto Legislativo N.º 1103 y establece medidas específicas para mejorar el control, fiscalización y trazabilidad de los insumos químicos, maquinaria y equipos utilizados en la minería, cerrando las brechas que permitían a los operadores ilegales abastecerse sin mayor restricción.
En este artículo analizaremos de forma exhaustiva el contexto que llevó a esta ley, sus alcances, mecanismos de control, implicancias para la pequeña minería y la lucha contra la minería ilegal, así como los retos que aún persisten para su implementación efectiva.
1. Contexto: ¿Por qué es necesaria esta ley?
1.1. La minería ilegal y sus impactos
La minería ilegal en el Perú no solo es un problema ambiental; es también un flagelo social y económico. Esta actividad, al no estar sometida a controles ni regulaciones, evade impuestos, vulnera derechos laborales, explota a menores, destruye ecosistemas y contamina suelos y aguas con mercurio y otros insumos altamente tóxicos.
Regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad, Amazonas y Cusco son epicentros donde la minería ilegal ha logrado establecer redes de operación altamente organizadas que incluyen el tráfico de insumos, contrabando de maquinaria, cooptación de autoridades y financiamiento ilícito.
1.2. Brechas en el control de insumos
El acceso libre o poco controlado a insumos químicos como el mercurio y el cianuro ha sido uno de los principales facilitadores para que la minería ilegal continúe operando a gran escala. Si bien existían normativas previas como el Decreto Legislativo N.º 1103 (2012) para regular su comercialización y transporte, la falta de articulación interinstitucional y vacíos en la supervisión permitieron que dichos insumos lleguen a manos de operadores ilegales a través de empresas pantalla o falsificación de documentos.
2. Ley N.º 32412: Objetivos y Principales Cambios Normativos
2.1. Objetivos de la Ley
La Ley N.º 32412, publicada en junio de 2025, tiene como propósito principal reforzar los mecanismos de control de los insumos químicos utilizados en la minería para prevenir que estos terminen abasteciendo actividades ilegales. Asimismo, busca cerrar brechas en el control de maquinaria y equipos utilizados para la extracción ilícita de minerales.
Entre sus objetivos específicos destacan:
-
Garantizar la trazabilidad total de los insumos químicos desde su importación, almacenamiento, transporte, distribución y consumo final.
-
Ampliar las facultades de SUNAT y otras entidades para supervisar las operaciones vinculadas a estos insumos.
-
Establecer protocolos claros para la custodia, incautación y disposición final de los insumos y equipos decomisados.
-
Implementar tecnologías que permitan un control más eficaz y en tiempo real de las operaciones vinculadas a la cadena de suministros.
2.2. Modificaciones al Decreto Legislativo N.º 1103
La nueva ley incorpora reformas clave al D.L. N.º 1103, entre las cuales destacan:
-
Ampliación del alcance territorial y tecnológico: Se establece el uso obligatorio de tecnologías como sistemas de geolocalización, monitoreo satelital y drones para el control de insumos en zonas de riesgo.
-
Obligatoriedad de registro y reporte: Todas las empresas que comercialicen, transporten, almacenen o utilicen insumos sujetos a control deben inscribirse en un registro especial y reportar sus operaciones de forma periódica y transparente.
-
Integración con sistemas de formalización: Se articula la fiscalización con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), de modo que solo quienes acrediten estar formalizados puedan adquirir insumos sujetos a control.
-
Facultades ampliadas a SUNAT: Esta entidad podrá realizar verificaciones inopinadas, incautaciones preventivas, y gestionar la disposición final de insumos decomisados.
3. Nuevas Herramientas de Control
3.1. Sistema de Trazabilidad
El eje central de la Ley N.º 32412 es el fortalecimiento del sistema de trazabilidad para garantizar que cada litro de combustible, cada kilo de cianuro o cada pieza de maquinaria tenga un destino claro, legítimo y verificado.
Este sistema permitirá a las autoridades:
-
Seguir el rastro de los insumos desde su importación hasta su uso final.
-
Detectar desviaciones sospechosas hacia actividades no autorizadas.
-
Identificar patrones de consumo que no correspondan a las capacidades técnicas declaradas.
3.2. Protocolos para Incautación y Disposición Final
Uno de los problemas más críticos en el pasado fue la falta de procedimientos claros para disponer de insumos incautados. Muchos de estos volvían al mercado negro por corrupción o negligencia.
Ahora, la ley establece:
-
Procedimientos claros para la destrucción, donación o reasignación de insumos y equipos.
-
Plazos perentorios para su disposición a fin de evitar acumulación innecesaria en almacenes.
-
Supervisión interinstitucional para garantizar la transparencia del proceso.
3.3. Coordinación Interinstitucional
La Ley exige una acción coordinada entre:
-
SUNAT
-
Ministerio Público
-
Policía Nacional del Perú
-
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
-
Ministerio del Ambiente (MINAM)
-
Gobiernos Regionales
Esta articulación busca cerrar el paso a las redes ilegales que aprovechan las brechas entre instituciones para operar impunemente.
4. Implicancias para la Minería Formal y Artesanal
4.1. Impacto en la Pequeña Minería Formal
Para quienes ya están dentro del sistema formal, la Ley N.º 32412 no representa una carga mayor si cumplen con sus obligaciones actuales. Sin embargo, refuerza la importancia de llevar controles precisos de insumos y mantener su documentación al día.
4.2. Incentivo para la Formalización
La nueva normativa establece claramente que solo quienes estén inscritos en el REINFO podrán adquirir insumos controlados. Esto genera un incentivo directo para que los pequeños mineros aceleren sus procesos de formalización si desean mantener su operatividad.
5. Beneficios Esperados de la Ley N.º 32412
5.1. Reducción del Abastecimiento Ilegal
Con un control más estricto desde la importación hasta la venta final, se espera reducir significativamente el desvío de insumos hacia la minería ilegal.
5.2. Menor Impacto Ambiental
Al limitar el acceso a insumos como el mercurio, se proyecta una reducción considerable en la contaminación de suelos y ríos, beneficiando a las poblaciones y ecosistemas afectados.
5.3. Recaudación y Formalización
Al promover la formalización, el Estado podrá incrementar la recaudación tributaria del sector y controlar mejor sus operaciones, generando un marco más saludable para la minería en general.
6. Desafíos para la Implementación
6.1. Capacidad Logística y Técnica
SUNAT y las entidades involucradas requerirán mayores recursos, capacitación y tecnologías para hacer cumplir la ley de manera eficaz.
6.2. Lucha Contra la Corrupción
El riesgo de que funcionarios públicos permitan el paso o desvío ilegal de insumos sigue siendo una amenaza latente. Se necesita fortalecer los mecanismos de control interno y las sanciones por corrupción.
6.3. Educación y Capacitación del Sector
Pequeños mineros y comerciantes deben recibir capacitación para entender sus nuevas obligaciones y evitar sanciones por desconocimiento.
6.4. Integración Territorial
El control en zonas remotas, donde el Estado tiene poca presencia, será uno de los retos más significativos para evitar que la minería ilegal siga prosperando.
7. Comparación Internacional y Buenas Prácticas
7.1. Colombia
En Colombia, la trazabilidad de insumos ha permitido reducir las actividades ilegales, pero aún enfrentan desafíos similares de corrupción y zonas de difícil acceso.
7.2. Brasil
El uso de tecnología satelital y drones para identificar operaciones ilícitas en la Amazonía ha sido efectivo, combinándose con fuertes campañas de decomiso y control militarizado.
7.3. Ecuador
Este país ha restringido la exportación e importación de maquinaria y exige controles exhaustivos para evitar desvíos hacia actividades no autorizadas.
El Perú toma elementos de estos modelos, pero aún debe reforzar su capacidad institucional para igualar sus resultados.
8. Conclusión
La Ley N.º 32412 es un paso decisivo para frenar el avance de la minería ilegal en el Perú mediante un control más riguroso de los insumos, equipos y maquinarias involucradas en dicha actividad. Si bien representa una herramienta poderosa, su éxito dependerá de factores clave como la asignación de recursos suficientes, la capacitación de las entidades involucradas, el uso intensivo de tecnología y, sobre todo, una férrea voluntad política para combatir la corrupción y las mafias enquistadas.
La lucha contra la minería ilegal no puede basarse solo en leyes; debe incluir un enfoque integral que contemple educación, desarrollo alternativo, incentivos para la formalización, y una presencia estatal efectiva en las zonas más vulnerables. Solo así se podrá revertir el daño causado y garantizar que los recursos del país sean explotados de manera responsable, sostenible y en beneficio de toda la población.
