La minería ilegal representa uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta el Perú en la actualidad. No solo causa daños irreparables al medio ambiente, sino que además está vinculada a economías criminales, corrupción, trata de personas y evasión tributaria. Según estimaciones del Ministerio del Ambiente, más de 100 mil hectáreas de bosques amazónicos han sido destruidas por actividades mineras ilegales, afectando gravemente la biodiversidad y poniendo en riesgo las fuentes de agua de comunidades enteras.

Ante este panorama, el Estado peruano ha reforzado su marco legal para combatir esta actividad ilícita, siendo la reciente promulgación de la Ley N.º 32412 uno de los avances más significativos en esta lucha. Esta normativa modifica el Decreto Legislativo N.º 1103 y establece medidas específicas para mejorar el control, fiscalización y trazabilidad de los insumos químicos, maquinaria y equipos utilizados en la minería, cerrando las brechas que permitían a los operadores ilegales abastecerse sin mayor restricción.

El arrastre de pérdidas tributarias es una figura esencial del sistema fiscal, destinada a aliviar el impacto que las empresas enfrentan cuando registran resultados negativos

En los últimos años, las billeteras digitales como Yape (BCP) y Plin (Interbank, BBVA, Scotiabank) han transformado radicalmente el ecosistema de pagos en Perú. Con solo un número de celular o un código QR, cualquier microempresa o emprendedor puede recibir pagos instantáneos, sin necesidad de terminales POS ni manejo de efectivo. Este auge ha generado inclusión financiera, eficiencia y crecimiento en el comercio informal. Sin embargo, esta misma facilidad para recibir ingresos electrónicos ha despertado la atención de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), que ahora monitorea cuidadosamente estas herramientas para combatir la informalidad tributaria.

El objetivo de este artículo es ofrecer un análisis detallado sobre la fiscalización hacia Yape y Plin: su origen, funcionamiento, alcance, implicancias tributarias, oportunidades y riesgos para los comerciantes, así como recomendaciones prácticas para adaptarse a un entorno regulatorio en evolución.

En junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) emitió la Resolución de Superintendencia N.º 000217-2025/SUNAT, que modifica la implementación obligatoria del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) para principales contribuyentes. Originalmente, esta obligación iba a entrar en vigencia en julio de 2025, pero ahora se ha postergado hasta enero de 2026.

Este cambio busca dar un respiro a las grandes empresas frente a los retos tecnológicos y operativos que implica la migración a SIRE. En este artículo se analizan a fondo los antecedentes, efectos, retos, implicancias legales y perspectivas para el nuevo cronograma.