Los sectores de minería e hidrocarburos, construcción, servicios y turismo y comercio, tienen la obligación de presentar sus protocolos sanitarios, cuya finalidad será garantizar sus operaciones en condiciones de salubridad y libres de riesgo de contagio con la letal cepa vírica.
Algunos de estos ámbitos ya han cumplido con publicar dichos protocolos. En resumen, se trata de un conjunto de medidas que deberán ejecutar para mantener a raya la infección y preservar la salud de su personal.
Entre ellas se encuentra asegurar la distancia de seguridad entre los trabajadores, garantizar medidas de desinfección e higiene, establecer espacios de aislamiento preventivo, fumigación, empleo obligatorio de equipos de protección personal (EPP) y fiscalización del cumplimiento de estas directivas, entre otras.
El permiso otorgado para retomar las actividades se enmarca en la estrategia diseñada por el Gobierno con el propósito de poner en marcha el engranaje productivo de nuestro país y contribuir con la recuperación del crecimiento económico. El plan incluye, además, un conjunto de normas de estímulo equivalentes a 12 puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI).
Sin embargo, la exigencia para que se apliquen los protocolos sanitarios apunta a que esta recuperación económica no represente un riesgo para la salud de los peruanos y evite que la tasa de contagio del virus, que continúa siendo alta hasta hoy, se dispare sin control.
Por lo tanto, es necesario invocar a las empresas pertenecientes a estos cuatro sectores que cumplan de forma estricta las disposiciones incluidas en los protocolos. No hacerlo o hacerlo a medias sería una irresponsabilidad con la mayoría de peruanos que acatan las medidas de restricción a fin de evitar contagios y también una falta de compromiso con el esfuerzo de las autoridades.
En esta tarea serán claves las acciones de fiscalización para asegurar la puesta en marcha de los protocolos de salubridad. De acuerdo con la norma, las autoridades sanitarias, los gobiernos locales, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y los organismos reguladores de los servicios públicos se encargan de esta decisiva labor.
La reanudación de las operaciones en estos cuatro sectores será fundamental para la recuperación de nuestro PBI, pero también lo es para que en los próximos meses otros ámbitos productivos vuelvan a operar en condiciones seguras.
Si esta estrategia cumple los objetivos sin propiciar más contagios, se ampliará a más actividades, lo que contribuirá no solo a la recuperación económica, sino también al bienestar de más familias, ya que millones de ellas generan ingresos de forma independiente y requieren laborar cuanto antes. Ello será posible si las medidas preventivas se acatan al pie de la letra.
Lo contrario implicaría desandar lo avanzado y, además, un riesgo para la seguridad sanitaria de nuestro país.
